Según informó el Ministerio de Justicia, el pasado 8 de julio Cristina Calandre reclamó por escrito a la recién creada Dirección General de Memoria Histórica del Ministerio que se honrase la historia del Hospital de Carabineros, dirigido por su abuelo entre 1937 y 1939.

El centro estuvo abierto en pabellones pertenecientes a la Residencia de Estudiantes, donde el doctor Calandre Ibáñez fue director del laboratorio de anatomía microscópica.

Cristina Calandre había solicitado sin éxito en enero de 2013 al entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y en mayo de 2018 al Congreso de los Diputados la derogación del decreto de 19 de mayo de 1938 que disolvió la Junta para Ampliación de Estudios (JAE), institución científica de la que su abuelo fue subdelegado entre 1938 y 1939.

El director general de Memoria Histórica, Fernando Martínez López, mantuvo este miércoles un encuentro con Cristina Calandre en la sede del Ministerio para conocer de primera mano sus peticiones, cuya viabilidad prometió estudiar.

A la reunión se sumó Delgado, quien entregó a Cristina Calandre la declaración de reparación y reconocimiento personal a la memoria de su abuelo, según lo dispuesto en el artículo 4 de la ley de memoria histórica que reconoce y amplía derechos y establece medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.

El derecho a obtener la reparación moral del cardiólogo Calandre Ibáñez se fundamenta en que fue sometido a dos procesos militares con sendos consejos de guerra por permanecer leal a la legalidad republicana.

Absuelto en el primero de ellos, el Colegio de Médicos de Madrid forzó el segundo juicio, en el que fue condenado a doce años y un día de reclusión menor, pena que fue conmutada por la de seis años y un día de prisión mayor, por haber dirigido el Hospital de Carabineros y ocupado cargos de confianza durante la II República.

El tribunal militar consideró que esos hechos eran constitutivos de un delito de auxilio a la rebelión por el que también le impidió acceder a cargos de responsabilidad política a perpetuidad. Además, el Colegio de Médicos le sancionó a su vez con cinco años de inhabilitación en Madrid.

El certificado de declaración de reparación y reconocimiento personal entregado a Cristina Calandre es el número 2.475 de los expedidos por el Ministerio de Justicia desde la promulgación de dicha ley.

Entre 2009 y 2011 se expidieron 1.355 títulos similares, pero a partir de ese año el ritmo decayó y entre 2012 y 2018 solo se han entregado 1.120, veinte de ellos durante este mismo año.

La Dirección General de Memoria Histórica trabaja en la recuperación de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, suprimida por el Gobierno en marzo de 2012. Uno de sus primeros cometidos será determinar cuántas solicitudes de certificación quedaron sin tramitar o fueron rechazadas y darles trámite o revisar la resolución adoptada en su día.