Así lo explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde instó a las autonomías a empezar a configurar las cuentas del año que viene.

Además, Montero indicó que, si se consideran las liquidaciones de años anteriores, la cuantía de recursos de los que dispondrán las comunidades y ciudades autónomas será de 108.058 millones de euros, un 4% superior con respecto al ejercicio precedente.

En cuanto a la senda de déficit, les trasladó que “nada parece indicar” que pueda cambiar el sentido de la votación cuando se debata de nuevo en el Congreso de los Diputados la senda de estabilidad y el 'techo de gasto', por lo que considera que deben hacerse la idea de que será el 0,1%.

A este respecto, destacó que “a pesar de que la senda antigua acabe entrando en vigor, las comunidades autónomas tendrían presupuestos que se incrementan con respecto al año anterior”.

Por otro lado, recordó que, de no aprobarse la nueva senda, no es la Administración General del Estado la que sale más perjudicada ya que lo son más las comunidades autónomas y la Seguridad Social.

En esta línea, apuntó que el efecto en el 'techo de gasto' sería muy reducido, ya que sería de unos 1.200 millones en un total de unos 125.000 millones, lo que mantendría el incremento en el entorno del 4,4%.

“Vamos a cumplir el precepto legal” de volver a presentar la senda de déficit en un mes, aseguró Montero, quien, sin embargo, no espera que cambie la situación porque, según su punto de vista, las formaciones políticas no están dispuestas a negociar.

De hecho, insistió en que la propuesta será probablemente la misma ya que el Ejecutivo rechaza presentar objetivos mayores, ya que no serían aceptados por Bruselas, y tampoco se plantea que sean menores, ya que ningún grupo se lo ha pedido, de igual manera que tampoco han solicitado un reparto distinto entre administraciones.

En todo caso, hizo un llamamiento a la “reflexión y la responsabilidad” de las fuerzas políticas para “intentar acordar una senda más beneficiosa para los ciudadanos”, aunque aseguró que “seguiremos adelante con la hoja de ruta de la elaboración presupuestaria”.

Por otra parte, Montero explicó que se han aprobado los planes de equilibrio económico-financiero de diez comunidades autónomas. Se trata de Cataluña, Asturias, La Rioja, Murcia, comunidad Valenciana, Aragón, castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid.

Por último, el Gobierno pidió también a las comunidades autónomas que nombren a sus representantes para el grupo de trabajo sobre financiación autonómica que debe reunirse en septiembre y en el que mostró su esperanza de que participe Cataluña.