Según informó CEOE, el decálogo responde a una realidad en la que “la mejora del marco regulatorio y de la competitividad empresarial son clave para generar las condiciones adecuadas que propicien un mayor crecimiento y creación de empleo a medio y largo plazo”.

Sin embargo, la organización de empresarios incidió en que “el avance hacia una sociedad más sostenible no puede recaer exclusivamente en el sector empresarial, por lo que la participación y el conocimiento de los consumidores, así como la toma de decisiones de los poderes públicos en el ámbito de la política y de la regulación, son claves para alcanzar el objetivo”.

En primer lugar, CEOE aboga por eliminar y evitar las duplicidades legislativas y las normativas contrapuestas, con el objetivo de disponer de una normativa “eficiente, actualizada y coherente” y adecuada a las necesidades de cada sector empresarial, que garantice la unidad de mercado y evite restricciones desproporcionadas a una actividad económica.

También plantea reforzar el papel del Consejo de Estado, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y el Consejo Económico y Social (CES), para que el real decreto ley sea “la excepción y no la norma” y se garantice la eficiencia de cualquier iniciativa gubernamental con impacto económico.

Los empresarios también piden reforzar la vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente para preservar la competencia leal de los operadores; reforzar y revisar la eficacia de las conferencias sectoriales; implementar un sistema efectivo de racionalización, simplificación y reducción de cargas administrativas y habilitar o reforzar las ventanillas electrónicas, en las que los operadores económicos puedan señalar casos de incumplimiento de la legislación por parte de cualquier administración pública.

A estas propuestas se añade la relativa a ejecutar, con carácter anual, un Plan de Acción de Racionalización Normativa, que profundice en la “correcta” aplicación de la normativa existente y evalúe la implementación de las medidas normativas; proceder a una racionalización de las empresas públicas; crear una base de datos legislativa única incluyendo toda la legislación vigente, y reforzar la participación del sector empresarial en los procesos de información y consulta.

Según CEOE, “es absolutamente necesario” reforzar la transparencia y participación del sector empresarial en las consultas previas al diseño de la regulación. El resultado sería “avanzar y adecuar” la normativa necesaria para respaldar la toma de decisiones empresariales en materia de inversiones, muy especialmente las de gran envergadura.