El Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de Racionalización el Gasto Público en el Ámbito Educativo aprobado en 2012, que vio la luz en plena crisis económica, permite aumentar en un 20% el ratio de alumnos por aula, incrementar la jornada lectiva de los docentes hasta las 25 horas en Educación Infantil y 20 horas en el resto de enseñanzas y ampliar a 10 días el plazo para nombrar funcionarios interinos que sustituyan a profesores, excepto en algunas situaciones.

El Gobierno pretende revertir esos recortes y así se lo trasladó a los consejeros en un anteproyecto de ley presentado este lunes en la Conferencia Sectorial de Educación. Minutos antes de que finalizara la reunión, los cinco consejeros autonómicos del PP se levantaron de la mesa.

El consejero de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, Román Rodríguez, señaló a los periodistas tras abandonar la reunión junto con los otros cuatro consejeros autonómicos del PP que él y sus colegas estaban “tremendamente decepcionados y tremendamente preocupados” porque el Gobierno hizo “una chapuza” al convocar la Conferencia Sectorial de Educación sin que el orden del día fuera tratado previamente en una reunión por los directores generales.

“Hemos llegado aquí a ciegas sin ningún tipo de información respecto a los contenidos y al alcance de los acuerdos de esta Conferencia Sectorial”, indicó, antes de añadió que el departamento de Celaá hizo un “planteamiento tramposo” al entender que la derogación del real decreto ley contaba con el voto favorable de doce comunidades autónomas y el rechazo de cinco, sin que haya habido una votación al respecto.

Rodríguez también consideró “tramposo” que el Ejecutivo central pretenda que las comunidades autónomas costeen la reversión de los recorte en educación “sin ningún tipo de compensación por parte del Estado”, lo que obligaría a los gobiernos autonómicos a incrementar su deuda y a incumplir sus objetivos de déficit.

“Estamos ante una especie de ‘yo invito y tú pagas’ que se ha llevado a cabo de un modo prácticamente unilateral y con desconocimiento por parte de las comunidades autónomas”, apostilló.

Sin embargo, Rodríguez precisó que los cinco consejeros autonómicos del PP no están en desacuerdo con las medidas planteadas por el anteproyecto de ley que prepara el Gobierno para tumbar los recortes educativos impuestos en 2012, sino con “las formas” de la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Educación y con que el Estado no ayude económicamente a las regiones para derogar el real decreto ley de 2012.