El fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, anunció esta medida este jueves en una rueda de prensa en Madrid, en la que dio a conocer las principales cifras de 2017 sobre las consecuencias penales que tienen para los conductores incumplir las normas de tráfico.

Vargas mostró su preocupación por el repunte de la siniestralidad vial después de que en los últimos años se haya producido aumentos consecutivos de fallecidos por accidentes de tráfico en las ciudades y las carreteras españolas.

Descartó “de modo categórico” que ello se deba al incremento de la movilidad en las carreteras y a la recuperación económica, lo que calificó de “excusa”, y sentenció que el uso del teléfono móvil, los excesos de velocidad y el consumo previo de alcohol, drogas y psicofármacos son “el quinteto de la muerte” por accidentes de tráfico.

Vargas indicó que hoy envió un oficio a las policías de tráfico en el que propone que investiguen si un conductor ha realizado llamadas desde el teléfono móvil antes de verse implicado en un accidente por si puede determinarse que ello fue determinante.

En tal caso, esa conducta podría considerarse como imprudencia grave; en el caso de que el accidente hubiera producido algún fallecimiento se enfrentaría a una pena de prisión de uno a cuatro años y la privación del permiso de conducir hasta seis años, y si se han producido lesiones a alguna persna, la pena puede llegar hasta tres años de prisión y no poder conducir durante un periodo de hasta cuatro años.

El fiscal sentenció que la utilización del teléfono móvil al volante es “principalísima causa de siniestralidad” y sospechó que “una parte” de las 600 personas que murieron el año pasado al salirse de la vía y “un número elevado” de accidentes con lesiones se debieron al uso de ese dispositivo tecnológico.