En un artículo titulado ‘El Semestre Europeo 2018 y las recomendaciones específicas para España’, el organismo indica que desde la introducción del Semestre Europeo en 2011 se han logrado avances en el conjunto de la Unión Económica y Monetaria (UEM) en cuanto a la aplicación de las recomendaciones específicas de la Comisión.

En el caso de España, en el 35% de las recomendaciones se han producido avances sustanciales o se han aplicado plenamente, contribuyendo al “buen comportamiento” de la economía española durante la salida de la crisis.

Sin embargo, puntualiza que “la firmeza y la velocidad de aplicación han disminuido ligeramente desde 2014, siendo los avances muy limitados en el seguimiento de las recomendaciones específicas en 2017”.

En concreto, la Comisión consideró que España había realizado algunos avances en la consolidación del marco de contratación pública, en la realización de una revisión global del gasto público y en el refuerzo de la coordinación entre los servicios de empleo, los servicios sociales y los empresarios, mientras que en el resto de las recomendaciones específicas de 2017 los avances habrían sido "limitados".

El Banco de España valora que el Semestre Europeo representa una “ventana de oportunidad para impulsar la convergencia económica y social”, culminando las reformas estructurales en marcha e impulsando otras nuevas que deberían generar una economía “más estable, inclusiva, productiva y resistente a las perturbaciones”.

En un contexto de recuperación económica generalizado y con una “fragmentación creciente” en la mayoría de parlamentos europeos, la capacidad para realizar reformas estructurales “ha decaído”.

Sin embargo, siguen existiendo “vulnerabilidades” en algunas economías que podrían perjudicar su ajuste ante perturbaciones negativas, y que “inevitablemente” podrían trasladarse a otras economías de la UE.

El Banco de España valora “positivamente” el esfuerzo por avanzar en el proceso de simplificación de las recomendaciones, orientándolas hacia aquellas que considera prioritarias y factibles. No obstante, en algunos casos, “sería útil ser más explícito” en la priorización de cada una de las medidas.

El organismo destaca que una pieza “clave” en este proceso es la intensificación del proceso de diálogo entre la Comisión, los Estados miembros y los agentes sociales, aunque incidió en que es importante que dicho diálogo alcance a todos los niveles de la administración.

Finalmente, apunta que es necesario asegurar la utilización “completa y efectiva” de los instrumentos disponibles bajo el Procedimiento de Desequilibrio Macroeconómico, que introduce un proceso bien definido para dar un mayor impulso a la aplicación de las reformas en los Estados miembros más vulnerables. Estos mecanismos deben, en cualquier caso, salvaguardar un “cierto diálogo y consenso” con los Gobiernos y agentes nacionales, al igual que con los Gobiernos regionales y municipales, para favorecer el mantenimiento de las políticas implementadas más allá de los momentos de mayor necesidad y la eliminación de barreras a nivel más local. Asimismo, se debe favorecer la evaluación continua de las medidas para, en su caso, ajustarlas si fuera necesario.