Durante su comparecencia en la comisión que investiga la crisis financiera en España y el programa de asistencia financiera en el Congreso de los Diputados, el responsable de PwC, compañía que auditó al Banco Popular durante varias décadas, señaló que en 2016 la firma se manifestó en tres ocasiones sobre la “incertidumbre” respecto a la continuidad del negocio del Banco Popular.

“Nuestro informe no fue un informe sin alertas”, destacó Sánchez, quien explicó que se llamó la atención en marzo y junio de 2016 sobre la posibilidad de pérdidas “significativas” al cierre del ejercicio, y en diciembre de ese año se manifestó que aunque se estaban cumpliendo los ratios de solvencia regulatoria “pensábamos que podía haber cierto riesgo de incumplimiento en 2017 porque había un plan de negocio”.

El presidente de la auditora se refirió a las provisiones de la entidad para decir que estas tuvieron un importe “significativo”, de 7.600 millones de euros desde 2012 con la entrada en vigor de los decretos ‘Guindos’.

“PwC hizo lo que tenía que hacer, revisar que las provisiones respondían a la normativa aplicable en cada momento, y respondían”, afirmó, e incidió en que “no podemos extralimitarnos de nuestra responsabilidad”.

Sánchez subrayó que “el auditor no lo hace todo”, sino que “quienes formulan las cuentas y son responsables de los controles internos son los administradores, no es el auditor”, a lo que añadió que el papel de la auditoría no es “valorar la gestión” en el banco.

El máximo responsable de PwC puntualizó que “el nivel de supervisión que ha tenido el Popular ha sido bastante exigente” y que en la consultora “hemos sido absolutamente independientes” de la entidad. A título personal, manifestó que en el Popular hubo una fuga de depósitos y “probablemente, había pocas entidades capaces de soportar una hemorragia de depósitos como la que tuvo que soportar el banco”.