Delgado se refirió a esta cuestión en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, donde ha comparecido para explicar sus planes para lo que queda de legislatura. Durante su exposición, la ministra se refirió que la “desafección” de los ciudadanos hacia la Justicia tiene una de las causas más evidente en lo que se refiere al trato legal a las personas con discapacidad.

Indicó que, aunque España firmó en el año 2006 la Convención internacional de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad, las mejoras que se han introducido desde entonces necesitan completarse en lo referido a la “capacidad jurídica” de los miembros de este colectivo.

DESTACADA REFORMA CIVIL

La ministra afirmó que la Convención de Nueva York pedía “adoptar las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica”.

Por ello, Delgado planteará “en breve” al Consejo de Ministros la que considera que será una de las “principales reformas de nuestro legislación civil hasta la fecha”. Sostuvo que esta modificación pasa por “cambiar el sistema vigente en nuestro ordenamiento jurídico, en el que predomina la sustitución en la toma de las decisiones que afectan a las personas con discapacidad por otro basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona que, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones”.

La titular de Justicia indicó que, a través de esta reforma, que dijo ya tenía muy avanzado el anterior Gobierno, se logrará “poner al día nuestro Derecho interno en el respeto al principio de igualdad de todas las personas en el ejercicio de su capacidad jurídica”.

Delgado destacó que este asunto “viene siendo objeto de atención constante en los últimos años tanto por parte de las Naciones Unidas como por el Consejo de Europa o por el propio Parlamento Europeo”.