Así lo destacó Ribera en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, donde compareció a petición propia para explicar las líneas generales de trabajo de su departamento, si bien su asistencia fue solicitada por el PP, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos y el Grupo Mixto.

Ribera señaló que “la prioridad número uno” de su departamento es remitir “lo antes posible, en todo caso antes de final de año”, el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que tendrá como propósito principal “facilitar la descarbonización de la economía para mitad de siglo”, es decir, no emitir más emisiones de gases de efecto invernadero de las que los ecosistemas pueden absorber.

Comentó que España, por su situación geográfica, es “uno de los países más vulnerables al cambio climático” y el Estado miembro de la UE que más ha aumentado sus emisiones entre 2014 y 2017, lo que supone “un lastre importantísimo” para la economía y para la credibilidad internacional.

Para Ribera, esa norma debe incluir “objetivos claros y ambiciosos” de reducción de emisiones en 2030 (un 20% respecto a 1990) y en 2050 (un 90% en relación a 1990) para dar “una señal clara y contundente” a inversores y reguladores.

“Si en 2030 no logramos esa reducción del 20% con respecto a 1990, que equivale a partir por la mitad las emisiones de hoy, será muy difícil conseguir la práctica descarbonización de la economía en 2050”, sentenció.

Además, indicó que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética incluirá sendas de descarbonización en 2050 revisables cada cinco años, facilitará que el Banco de España publique informes periódicos sobre el estado de la economía española en relación a “vulnerabilidades, riesgos y fortalezas frente al cambio climático”, y obligará a las empresas cotizadas a informar anualmente del riesgo climático y sus estrategias para afrontarlo, como ocurre con la ley francesa de transición energética de 2015.

Abogó por la creación de una comisión independiente que elabore un informe anual sobre el estado de España en relación al cambio climático, incluir criterios ‘verdes’ obligatorios en los contratos de las administraciones públicas e impulsar la fiscalidad ambiental.

PLAN NACIONAL DE ENERGIA Y CLIMA

Por otro lado, Ribera subrayó que esa ley irá acompañada del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que el Gobierno enviará a la Comisión Europea antes de que acabe este año y para lo cual trabajará “contrarreloj para cumplir los plazos” porque ahora no hay ni borradores ni informes.

Ese Plan incluirá un impulso de las medidas de eficiencia energética, una apuesta por las energías renovables y el cierre progresivo de las instalaciones contaminantes, además de una estrategia de “transición justa” para los trabajadores, comarcas y sectores afectados por el cambio de modelo energético.

Ribera recalcó que la transición energética hacia un modelo menos contaminante supone “abrir las ventanas al siglo XX”, por lo que defendió que se deje de aplicar “la política del avestruz” y “que entre el sol y el aire fresco” a través de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética; favorecer el autoconsumo, recuperar la confianza de los inversores y apostar por el transporte público y los vehículos eléctricos.