Así lo señaló el presidente de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (Feacem), Daniel-Aníbal García, en una entrevista concedida a Servimedia en la que explicó que, “en un escenario muy negativo, por cada euro que se invierte en los centros especiales de empleo se revierte a la sociedad más de 1,44 euros, sin tener en cuenta los salarios”.

“Tenemos un retorno de inversión social que no tiene nadie más”, aseguró García, quien destacó que todos los beneficios obtenidos por estos centros se reinvierten en la sociedad.

Además, también incidió en que fueron “de los pocos sectores productivos que en plena crisis del empleo hemos seguido creando empleo neto”, incidiendo en que se trata, además, de “un colectivo que tiene muy difícil la inserción laboral, como son las personas con discapacidad”.

LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Preguntado por la nueva Ley de Contratos del Sector Público, el presidente de Feacem se mostró “bastante satisfecho” con que "se hayan dado pasos para que haya criterios sociales y medioambientales en la contratación pública".

Esta ley, que entró en vigor en marzo de 2018, entre otras cuestiones prevé que las administraciones reserven entre el 7% y el 10% de determinados tipos de contratos públicos para centros especiales de empleo, así como a empresas de inserción o programas en los que al menos el 30% de sus empleados sean personas con discapacidad.

Además, se establece la prohibición de contratar con la Administración a empresas con más de 50 empleados que incumplan la obligación de tener en plantilla, al menos, al 2% de trabajadores con discapacidad.

“Hemos tenido un respaldo muy fuerte con los cambios normativos, como para la contratación pública, que para nosotros no es sólo un fin”, afirmó García en este sentido, para a continuación añadir que “es una manera de poder devolver a la sociedad mediante la contratación, crear un círculo virtuoso dando servicios públicos de una manera muy buena a la Administración Pública y que los posibles rendimientos industriales se reinviertan en la sociedad”. “Ahora lo importante es que esta ley se ponga en práctica y que se empiecen a hacer contratos reservados”, agregó.

Por otra parte, preguntado sobre las críticas de algunos sectores empresariales a las reservas de contratos públicos que contempla la nueva ley para los centros especiales de empleo, García defendió la importancia de las reservas y resaltó que para poder acceder a ellas la norma establece “que todo el beneficio debe revertirse en crear empleo mediante la reinversión de los beneficios en el propio centro o en otros centros”. Por ello, García señaló que las empresas que critican la ley también podrían optar a las reservas “renunciando a que el beneficio industrial sea para los accionistas”.

García aseguró que la reserva “claro que es excluyente, es excluyente para aquellos que no den el paso de reinvertir su beneficio en la sociedad” y reivindicó que los centros especiales de empleo “no hacemos responsabilidad social, somos pura y dura responsabilidad social empresarial”.

Afirmó que muchas administraciones son sensibles con la contratación de personas con discapacidad pero que es necesario “pasar de la sensibilidad de turno del ayuntamiento al cumplimiento de la norma”. “Nosotros ya no podemos estar a expensas de que el ayuntamiento equis sea sensible; hay una norma, usted tiene que reservar estos contratos y tiene que hacerlo, porque el legislador ha entendido que esto es un beneficio social. Tenemos que pasar del voluntarismo de turno al cumplimiento normativo”, declaró.

“CÍRCULO VIRTUOSO”

Por todo ello, García defendió que lo contemplado por la ley “es una manera de entrar en un círculo virtuoso y que el beneficio industrial y la inversión en contratación pública reinvierta de manera extrema en la sociedad”.

“Lo veo como el círculo perfecto de la mejor y más eficiente forma de gastar el dinero público”, añadió, explicando que, además, la contratación pública con estos centros de empleo “no es a costa de que la Administración Pública pague más, porque es a precio de mercado”.

Además, el presidente de Feacem destacó que el empleo generado “es de calidad porque está centrado en la persona, ya que el proceso productivo se adapta a cada persona con aquellas necesidades de apoyo y adaptaciones que tenga”.

ROMPER MITOS

Por último, preguntado por qué medidas se podrían implantar para fomentar la contratación de personas con discapacidad en el sector privado, García apuntó que es necesario “seguir confiando en políticas públicas que favorezcan la inserción, como beneficios fiscales y cotizaciones”, pero también abogó por “hacer hincapié en la autoimagen de las personas con discapacidad y transmitir al sector privado que somos perfectamente productivos”.

En este sentido, indicó que es “muy importante” que las personas con discapacidad “tenemos que ser conscientes de nuestra propia empleabilidad, ya que a veces tenemos un problema de autoestima o de autoconcepción” y, por otro lado, “acabar con los mitos para los empresarios, que muchos de ellos piensan que una persona con discapacidad no puede ser parte del sector productivo”.

“Es muy importante la sensibilización, tanto entre las personas con discapacidad como entre los empresarios”, resaltó García, añadiendo que “también en algunos casos las propias familias son frenos para la realización de las personas con discapacidad” y que “hay que ser conscientes de que su familiar quizás donde mejor se puede encontrar es trabajando”.