El magistrado les atribuye un total de 10 ataques de “kale borroka”, como la quema de contenedores, el lanzamiento de cócteles molotov a bancos y otras instituciones o el saboteo a infraestructuras de transporte público, todas ellas llevadas a cabo en las localidades vizcaínas de Getxo y Algorta.

Los procesados son Aner Mimenza, Lander Labajo –ambos señalados como dirigentes del grupo-, Mikel de Gregorio, Txomin Guizuriaga, Joseba Elorriaga, Josu Rodríguez, Jon Rosales, Miguel Rekarte, Zigor Goikoetxea, Jon Bautista Galdis y Gorka Oribe.

Garzón imputa a estas 11 personas un delito de integración en organización terrorista por formar parte de “un grupo estructurado en torno a ETA”. Además, el magistrado les atribuye varios delitos adicionales como tentativa de atentado o depósito de artefactos explosivos.

Entre las acciones que llevaron a cabo, destaca el ataque con cócteles molotov la sede social del PNV en Algorta, en febrero de 2007, o la colocación de una gran pancarta con el emblema de la Ertzaintza y la frase "ETA mátalos" el 31 de julio de ese año, durante las fiestas patronales del municipio vizcaíno.

En octubre de 2007, como respuesta a la detención de los miembros de la Mesa Nacional de Batasuna, varios miembros del grupo cortaron la catenaria del metro de Bilbao a la altura de la localidad de Algorta, “siguiendo la estrategia marcada por ETA de ejecutar sabotajes contra instalaciones de transporte público”, según consta en el auto dictado hoy por Garzón.

Además de estos atentados, el escrito de Garzón acusa a los procesados de haber preparado, en ese mismo mes, un ataque con cócteles molotov contra la casa del concejal socialista de Berango Joseba Markaida, “en un momento en el que el edil y su familia estaban en el interior”. Finalmente, el ataque no llegó a producirse debido a la presencia de una patrulla de la Ertzaintza.

El magistrado de la Audiencia Nacional especifica que la participación de los 11 procesados en estas acciones de terrorismo callejero se ha podido probar en base a intervenciones telefónicas, informes de inteligencia, declaraciones de los propios imputados, documentación intervenida e informes periciales.