El magistrado del Tribunal Supremo requiere el pago de esta fianza, además de a Puigdemont, a Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxell Borrás, Clara Ponsatí, Antonio Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluis Puig, Carles Mundo, Dolors Bassa, Santiago Vila y Meritxell Serret.

A todos ellos se les emplaza para que “de forma solidaria y en el término de dos días presten la fianza de responsabilidad civil que fijó el magistrado por importe de 2.135.948 euros, bajo apercibimiento de que en caso de que no lo hagan en el plazo concedido, se procederá al embargo de los bienes de dichos procesados para cubrir las cantidades reclamadas”.

El instructor demanda esta fianza después de que el pasado 23 de marzo dictase un auto en el que procesaba a 25 de las 28 personas investigadas en el sumario del proceso secesionistas, atribuyéndoles, según los casos, delitos de rebelión, malversación de dinero público y desobediencia.

“PLAN PREDETERMINADO”

En concreto, Puigdemont fue procesado por los delitos de rebelión y malversación; Raül Romeva, por rebelión y malversación; Meritxell Borrás, por malversación y desobediencia; Clara Ponsatí, por rebelión y malversación; Antonio Comín, por rebelión y malversación, y Joaquim Forn, por rebelión y malversación.

Además, se procesó a Josep Rull por rebelión y malversación, a Lluis Puig por malversación y desobediencia, Carles Mundo por malversación y desobediencia, a Dolors Bassa por rebelión y malversación, a Santi Vila por malversación y desobediencia, y a Meritxell Serret por malversación y desobediencia.

En este auto, Llarena indicaba que los hechos investigados eran producto de "un concierto entre partidos políticos y entidades soberanistas para llevar a cabo la ejecución de un plan predeterminado con el objetivo de declarar la independencia de Cataluña".