En declaraciones en los pasillos del Congreso, el portavoz del PDECat en la Comisión, Jordi Xuclá, recordó que la Ley de la Acción Exterior y el Servicio Exterior que hizo aprobar el exministro José Manuel García Margallo establece que todo nuevo ministro de Exteriores comparezca ante dicho órgano parlamentario para explicar su proyecto y también le permite convocar en cualquier momento a un embajador para que “dé explicaciones de sus actos”.

Para el PDECat, el incidente de ayer lo merece, porque Morenés hizo “un dicurso político de réplica a un cargo electo” como es Torra, cuando éste habló en la inauguración del festival cultural Smithsonian Folklife de “presos políticos” en España y el exministro de Defensa le desmintió. Torra y su delegación abandonaron la sala en la que se inauguraba este evento que tiene en su edición de 2018 a Cataluña como región invitada.

Según Xuclá, éste “no es un comportamiento apropiado de las funciones que corresponden a un embajador”, por lo que Morenés tuvo “una inaceptable actitud y comportamiento aprovechando una tribuna”, puesto que hizo “un discurso de contenido estrictamente político de impugnación de un planteamiento de un presidente electo”. “El servicio diplomático está al servicio de los ciudadanos y sus representantes electos”, puntualizó. “No puede ser que vaya con un discurso político y un mensaje de contraprogamación política. Si tiene melancolía de su etapa política, que se presente a unas elecciones”.

El diputado del PDECat dijo que habrá que ver si el discurso de Morenés refleja sólo sus propias opiniones, si traslada la del anterior Gobierno del PP, que le nombró, o si reproduce también las del actual Ejecutivo socialista.

En otro orden de cosas, Xuclá puntualizó que el acercamiento de los dirigentes independentistas presos a cárceles de Cataluña “nunca será motivo de negociación” con el Gobierno de Pedro Sánchez, ni lo fue para apoyar su moción de censura, porque es sólo “aplicar la ley”.

Especialmente, subrayó, cuando ya ha terminado la fase de instrucción, en la que la necesidad del juez de tenerles cerca para llamarles a declarar se esgrimía como motivo para no acercarles a prisiones catalanas.