En un conversación informal con los periodistas en el patio del Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no fijó cuando se producirán los primeros movimientos, pero sí que irán siendo “poco a poco” y de manera individualizada, porque depende de cuestiones administrativas del organismo encargado de las prisiones y dependiente del Ministerio de Interior.

Preguntado por si va a mantener una reunión con las víctimas de la banda terrorista, el presidente recordó que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya se vio con ellas la semana pasada. Y dejó entrever que no tiene previsto mantener un encuentro con ellas.

Precisamente, el ministro del Interior insistió en que se harán estudios individualizados a partir de los requisitos que determine y que evalúe la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. El estado de salud, la edad o la parte de la pena cumplida son criterios “más que razonables para tenerlos en cuenta”.

Se hará, reiteró en los pasillos del Congreso, a partir de “parámetros estrictos de legalidad” y de ello se dará cuenta a la sociedad y a las víctimas del terrorismo con total transparencia, estudiando caso por caso. Los presos que podrían ser trasladados serían entre once y veinte y no hay previstos plazos ni fechas porque todo dependerá de los estudios personalizados.

Grande Marlaska hizo énfasis en que se estudiará cada caso de forma individualizada, y contrastó esta forma de proceder con los traslados “colectivos” de presos de ETA que sí aprobó el Gobierno del PP presidido por José María Aznar en los años noventa.