Estas cuatro entidades defienden la importancia de este documento como herramienta clave de protección de la dignidad de los ciudadanos europeos en todo el territorio de la Unión y del Consejo de Europa.

Como señalan en la misiva enviada a la vicepresidenta, la Carta Revisada de 1996 y el protocolo adicional de reclamaciones colectivas han permitido grandes progresos sociales en Europa, además de ser un instrumento eficaz con el que cuenta la sociedad civil para impulsar la modernización y la participación política de los ciudadanos, entre ellos de los más débiles.

Según indican las cuatro entidades en una nota de prensa, esta ratificación permitirá a España dar un paso de gigante en la erradicación de la pobreza y la exclusión y garantizar debidamente el acceso a los derechos humanos de los ciudadanos en situación de desventaja social.

También añaden que la ratificación plena de este documento aportaría al actual Gobierno de España una oportunidad, tanto a nivel interno como en el conjunto de Europa, de ser promotor de la justicia social en un contexto convulso. Según estas entidades, así lo han entendido todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, que el 23 de noviembre del pasado año aprobaron por unanimidad una moción relativa a la ratificación de la Carta Social Europea revisada, así como del protocolo de reclamaciones colectivas de 1995.

A juicio de la PTS, Cáritas, el Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo y la EAPN, el continente europeo se encuentra en un periodo donde se están abriendo grandes interrogantes sobre la efectividad y la cercanía de sus instituciones a la sociedad. Por este motivo, aseguran que la Carta Social está llamada a protagonizar un papel clave en el pilar social de la Unión Europea y en el futuro reordenamiento jurídico de una Europa más próxima a sus sociedades.