Las presentaron la portavoz adjunta del grupo, Ione Belarra, y su portavoz en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Ana Marcello. Belarra acusó al Gobierno del PP de haber “dilapidado” las políticas de dependencia con el decreto de 212 que, a su juicio, dejó a esas 430.000 personas en “el limbo de la dependencia” y, colateralmente, perjudicaron a sus mujeres familiares que tienen que hipotecar su vida para cuidarles, así como a los cuidadores profesionales, también mujeres en su mayoría, que quedaron en situación de precariedad y sin Seguridad Social. Por eso, tachó estos recortes de “políticas machistas” .

Marcello defendió también la gestión directa municipal de los servicios sociales y asumir la atención al alzhéimer y otras dependencias como una política de Estado y una “cuestión vital de urgencia”, porque cada día mueren 90 personas dependientes esperando los servicios que les corresponden, una cada 15 minutos. Por ello ve “urgente” derogar el decreto de 2012 con su “hachazo a la dependencia”, y también exigió al Estado que cumpla con el 50% de financiación de la ley que le corresponde aportar.

Según indicaron a Servimedia fuentes de Unidos Podemos, suministrar las prestaciones que les corresponden a esas 430.000 personas costará 2.500 millones de euros, pero ha de entenderse como una inversión, no un gasto, y el plazo máximo de seis meses “haría que el modelo productivo cambie y se vea que es forma de crear puestos de trabajo”.