El Constitucional ha abordado este incidente porque estaba a punto de finalizar el plazo de cinco meses que establece el artículo 161.2 de la Constitución desde que se produjo la suspensión de la ley impugnada con la admisión a trámite de este recurso de inconstitucionalidad. Tanto al abogado del Estado como al letrado del Parlament se le dio un plazo de cinco días para que se pronunciaran acerca del mantenimiento o levantamiento de dicha suspensión.

El Gobierno alegó que debía mantenerse la suspensión y, a mayor abundamiento, aducía la conexión de esta impugnación con el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 2/2018, de 8 de mayo, de la Presidencia de la Generalitat, que pretendía investir presidente a un candidato de forma no presencial.

El auto, del que ha sido ponente el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, explica que el presidente del Parlament dictó una resolución el pasado 5 de marzo por la que dejaba sin efecto la resolución del 22 de enero, al proponer a Jordi Sánchez i Picanyol como candidato para este cargo. Además, por Real Decreto 291/2018, de 15 de mayo, fue nombrado presidente de la Generalitat Joaquim Torra.

Para el Tribunal Constitucional, “tales hechos impiden que se pueda pronunciar acerca del levantamiento de la suspensión o el mantenimiento de las decisiones impugnadas, pues este pronunciamiento sólo procede respecto de resoluciones o disposiciones que son susceptibles de producir efectos”.

La resolución judicial advierte de que “la pérdida de objeto de la solicitud de levantamiento de la suspensión y del incidente cautelar no implica la pérdida de objeto de la impugnación promovida por el Gobierno contra las resoluciones impugnadas”. Es más, como recuerda el ATC 49/2018, de 29 de abril, en el presente proceso constitucional se “suscitan cuestiones de interés general que justifican que no deba considerarse extinguida la impugnación con el fin de que el tribunal pueda pronunciarse sobre aquellas cuando dicte la sentencia por la que se resuelva el proceso constitucional”.