Así se lo trasladó la Red al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Comisión Europea, después de que el país aprobase varias enmiendas constitucionales y una ley que permiten declarar “ilegal” y condenar con penas de 1 año de cárcel el trabajo tanto de activistas que informen de sus derechos a las personas solicitantes de asilo y refugio en ese país, como a las propias ONG.

Esta medida no solo afectará a las organizaciones de ese país, hecho que para la Red ya de por sí debería provocar una reacción inmediata por parte de la Comisión Europea y el Parlamento comunitario, sino que provoca que, por ejemplo, "las organizaciones no gubernamentales españolas no puedan elegir partners y entidades socias en Hungría”.

Por ello, señaló que “pedimos al Ministerio de Asuntos Exteriores que trabaje junto con el nuevo Gobierno para garantizar que las organizaciones españolas que ejecuten programas en ese país no tengan que temer acabar en la cárcel por desarrollar los programas FAMI o Erasmus+ que promueve la propia Unión Europea".

Según Daniel Méndez, presidente de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, “Europa debe reaccionar y los Estados deben dar ejemplo. Hungría no puede, en la siguiente ronda de financiación, participar de los presupuestos comunitarios si ahonda en la criminalización de quienes cumplen con los mandatos de la Unión”, afirmó.