Según Naciones Unidas, el maltrato a las personas mayores es “uno de los tipos de violencia menos tratados en los estudios que se llevan a cabo a nivel nacional y menos abordados en los planes de acción”.

Desde la Fundación Edad&Vida abogan por abordar esta problemática desde las administraciones públicas, las instituciones, las empresas y las organizaciones sociales, pero también desde el ámbito más privado de la familia y el entorno más cercano de los mayores.

El presidente de Edad&Vida, Joaquim Borrás, insiste en que las personas mayores son un colectivo especialmente desprotegido que precisa de una normativa que recoja sus necesidades y proteja sus derechos.

“A medida que las personas se hacen mayores pueden sufrir discriminación por motivos de edad o no recibir un trato adecuado conforme a su situación y capacidades”, apuntó Borrás, al tiempo que aseguró que, “además del maltrato físico, emocional o asistencial, también existe el jurídico y el económico, basados habitualmente en la cercanía y en el abuso de confianza”.

MALTRATO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO

A nivel institucional, el maltrato a las personas mayores puede provocarse por acción u omisión, es decir, por la falta de medidas para evitarlo. Se trata de un tipo de violencia que se ejerce por la dejación de responsabilidades o por el incumplimiento de la legalidad vigente y que se traduce en ausencia de normativas que les ampare y la falta de acuerdos que permitan, por ejemplo, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones de jubilación a medio y largo plazo.

Asimismo, en los países desarrollados el maltrato financiero se traduce en robos, falsificaciones, uso indebido de propiedades o poderes notariales, así como la negación del acceso a fondos.

“En estos casos”, según Borrás, “influyen los factores de riesgo para la víctima de la explotación financiera, que van desde el aislamiento social y el deterioro de las facultades cognitivas, hasta la posible dependencia emocional, física o financiera hacia el autor de los abusos”.