Se trata de 31 presos españoles que cumplirán el resto de su condena en España y de otras 35 personas repatriadas por motivos humanitarios, según informó el Defensor del Pueblo.

Esta institución presta especial atención a los españoles que cumplen condena en cárceles extranjeras y desde hace años trabaja para que reciban la atención consular adecuada y sean repatriados a España para cumplir condenas cerca de su entorno familiar.

En 2015 recomendó al Ministerio del Interior que utilizara los vuelos de repatriación de personas extranjeras que se realizan desde España para traer de vuelta a presos españoles. Este es el tercer vuelo en el que se hace efectiva esta recomendación.

De hecho, más de 70 colombianos y peruanos fueron expulsados de España la madrugada del martes al miércoles a bordo de dicho avión.

Técnicos del Defensor del Pueblo, en su doble condición de Alto Comisionado de las Cortes Generales y Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, supervisaron el citado vuelo, que partió de Barajas con destino final Lima y escala en Bogotá para expulsar a más de 70 personas extranjeras en situación irregular (68 ciudadanos colombianos y 5 peruanos).

Un equipo de la institución se trasladó la madrugada del martes al miércoles al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche para inspeccionar la fase en la que los migrantes que iban a ser expulsados eran trasladados al aeropuerto. Estuvieron presentes en el CIE y en el contiguo depósito de detención de extranjeros, y acompañaron al operativo de la Policía Nacional que se encargó de su traslado a Barajas.

Una vez en el aeropuerto, los técnicos presenciaron el embarque junto a otro equipo de la institución, que ha viajado con las personas expulsadas hasta sus países de origen.

Durante el vuelo de ida, los técnicos del Defensor supervisaron el trato recibido por las personas expulsadas y mantuvieron entrevistas reservadas con ellos y con el personal de la Policía Nacional encargado de este operativo.

La presencia de los técnicos del Defensor del Pueblo obedece a la necesidad establecida por la normativa de la UE de que exista un organismo independiente que controle 'in situ' que se respetan los derechos fundamentales de las personas expulsadas. En España, ese control lo realiza la institución del Defensor del Pueblo en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Una vez en Lima, los representantes del Defensor se reunieron con el viceministro de Justicia de Perú, Sergio Atarama, a quien agradecieron las gestiones realizadas para la repatriación de las personas más vulnerables y animaron a continuar con la política de traslados.

Además, los técnicos de la institución aprovecharon la jornada del jueves para visitar a los presos españoles que continuarán cumpliendo su condena en el centro penitenciario Sarita Colonia.