La proposición no de ley registrada en el Congreso insta al Gobierno a impulsar la convocatoria de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado y allí resolver o incluso retirar los recursos por conflictos de competencias planteados ante el Tribunal Constitucional, determinar las transferencias e inversiones en infraestructuras pendientes, abordar el sistema de financiación de las comunidades autónomas y establecer "un diálogo político abierto que permita establecer las bases para afrontar el conflicto político de Cataluña".

La propuesta de resolución registrada en el Parlamento catalán, además de emplazar a ambos gobiernos a reunirse en la Comisión Bilateral y empezar "una nueva etapa" basada en el respeto institucional y el diálogo, incluye la declaración de que los recursos del Gobierno central al TC contra leyes aprobadas en el Parlamento catalán suponen "una injerencia intolerable en la soberanía del Parlament" y afectan negativamente al progreso social y económico de los ciudadanos de Cataluña.