El documento fue presentado en una rueda de prensa en Madrid por los líderes de esas cinco organizaciones: Blanca Ruibal, coordinadora de Amigos de la Tierra; Paco Segura, coordinador estatal de Ecologistas en Acción; Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace; Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife, y Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF.

Ruiz comentó que esos 10 bloques de medidas son “la prueba del algodón” para el Gobierno en materia de transición ecológica y Del Olmo comentó que los 100 primeros días del Ejecutivo se enmarcan en “un momento clave porque la crisis ambiental es cada vez más evidente” por el impacto del cambio climático y la pérdida de biodiversidad tanto en España como en el planeta.

Además, Del Olmo apuntó que en los próximos meses se decidirá el modelo energético de la UE para las décadas siguientes y cuál será la situación de algunos tratados internacionales, Ruiz saludó la creación del Ministerio para la Transición Ecológica y dio una “urgente voz de alarma” para poner en marcha políticas que eviten que España se convierta en “el desierto de Europa”, y Rodríguez precisó que “la música suena bien, ahora falta la letra”.

En materia de energía, los ecologistas piden al Gobierno que presente un proyecto de Ley de Cambio Climático que incluya un calendario de cierre de las centrales nucleares y el carbón en 2025 y su sustitución por energías renovables, que se elimine el ‘impuesto al sol’ y se prohíban las prospecciones petrolíferas en el mar (como las que se tramitan en el Mediterráneo) y en tierra (incluyendo el ‘fracking’).

También reclaman la reevaluación de los proyectos de interconexiones gasistas por ser contradictorios con los objetivos del Acuerdo de París, el cese del Midcat (proyecto de gasoducto España-Francia), la reevaluación de la inversión en grandes infraestructuras de transporte en función de las demandas reales y retirar la demanda de la Abogacía General del Estado a la ampliación de la ZEPA de El Hito y denegar la autorización previa al Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca).

Sobre la calidad de vida, reivindican medidas efectivas contra la contaminación del aire con la equiparación de impuestos del diésel con la gasolina, la revisión del “defectuoso” sistema de etiquetado de vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT) para tener en cuenta las emisiones reales y apoyar los planes de mejora de la calidad del aire de grandes ciudades como Madrid y Barcelona.

Otra medida es reducir el uso de pesticidas en un 30% para 2020 y que España se alinee con los países de la UE más garantistas con la salud de la población y del medio ambiente sobre las sustancias químicas tóxicas evitando la concesión de permisos generalizados para su uso, prohibiendo el uso veterinario del diclofenaco para salvaguardar las poblaciones de rapaces e iniciando la elaboración de un Plan Nacional de Salud Ambiental.

FISCALIDAD AMBIENTAL

Por otro lado, los ecologistas proponen una Ley de Fiscalidad Ambiental que prime las buenas prácticas y penalice las que contaminen, y que el Gobierne lidere la defensa de la Directiva Marco del Agua, ponga en march una auditoría del agua, paralice los planes de sequía y la Estrategia de Regadío, suspenda el trasvase Siurana-Riudecanyes (Tarragona) y retire los recursos contra las sentencias que bloquean la construcción de los pantanos de Biscarrués y Mularroya.

En materia agroalimentaria, defienden una política “respetuosa con el medio ambiente” con un grupo de trabajo abierto a las ONG ambientales para fijar la posición de España sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC) de la UE y una moratoria sobre los nuevos proyectos de ganadería industrial y la ampliación de los existentes.

En relación a la biodiversidad marina y terrestre, las medidas son la oposición a la actual tramitación de la reforma de la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, poner en marcha planes de especies declaradas en estado crítico de extinción, paralizar las licencias de pesca de coral rojo en Cataluña y reforzar la lucha contra la pesca ilegal.

En materia de economía circular y ‘residuos cero’, reivindican la defensa de una Directiva ambiciosa que reduzca el consumo y la distribución de plásticos de un solo uso e impulsar una modificación legislativa para conseguir la separación selectiva de los biorresiduos en 2020 y adelantar la separación del textil a 2020.

La última medida es que el Gobierno reconozca y refuerce el papel de las organizaciones ambientales asegurando una represntación adecuada en el Consejo Económico y Social (CES), promoviendo una Ley del Tercer Sector de Acción ambiental y derogando la llamada ‘ley mordaza’ para restituir las garantías constitucionales de los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión.