Lo hace con motivo del juicio que se va a celebrar el próximo lunes en el que Jorge Aranda Arana, auxiliar administrativo, se enfrenta a una acusación por un presunto delito de atentado a la autoridad, después de que en mayo de 2017 fuera detenido durante el desahucio de una familia en el barrio madrileño de Vallecas, que le podría acarrear una condena de 1 año de prisión y 2 meses de multa, según informó la asociación en un comunicado.

Pro Derechos Humanos señaló que Aranda "viene impulsando de forma activa la defensa de la sanidad pública y el derecho de las personas a una vivienda digna" y que no es la primera vez que es denunciado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "al desarrollar actividades de defensa de derechos humanos, dado que en 2013 ya sufrió una detención en una protesta contra la privatización sanitaria en Madrid, si bien el Juzgado desestimó los cargos al comprobar que no había perpetrado ningún delito".

La organización concluyó el comunicado señalando que este caso se produce en un contexto "de incremento de las acusaciones contra personas representativas del movimiento asociativo, que se han visto inmersas en procesos judiciales como consecuencia de su reivindicación del ejercicio efectivo de derechos económicos y sociales, especialmente el derecho a una vivienda digna, el derecho a la educación y el derecho al trabajo".