De las repatriaciones de 2017, más de la mitad (5.272) obedecieron a irregularidades en la llegada, 4.249 fueron por entrada ilegal y 1.022 por quebrantamiento en la prohibición de entrada.

De las 4.054 restantes, 1.685 se debieron a infracciones administrativas por situación irregular (sin que se hubiese cometido ningún delito), mientras que 1.182 y 850 obedecieron a expulsiones judiciales y administrativas, respectivamente, por la comisión de algún delito.

En 2017, un total de 8.814 personas fueron retenidas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), de ellas 8.418 varones y 396 mujeres. Esto supone que el año pasado se internó a 1.217 personas más que en 2016, lo que refuerza el recurso excesivo de una medida de la que ya se abusaba en los últimos años, critican los jesuitas.

El motivo principal de internamiento en un CIE es estar incurso en un expediente de devolución, situación que afectaba al 85,76% (7.559 personas) de los internos de 2017.

Según estos datos, más de 7.000 personas fueron retenidas por infracciones administrativas (sobre todo por entrada irregular) y no por la comisión de delitos.

El informe recoge que 7.097 personas retenidas en los CIE en 2017 habían llegado en patera, lo que representa el 80,52% de todos los internamientos en España. La proporción se eleva al 89,66% en los CIE de Algeciras y Tarifa, y al 100% en el de Archidona (Málaga).

SOLICITUDES DE ASILO

De las 1.381 solicitudes de asilo presentadas en los CIE, 395 fueron admitidas a trámite, un 28,60%. Por su parte, la duración media de los internamientos se situó en 26,63 días en 2017, 2,16 días más que en 2016.

Titulado 'Sufrimiento innecesario', el informe subraya además la ineficacia de esta medida, pues casi dos tercios de las personas retenidas en 2017 consiguieron salir sin ser devueltas.

“En el conjunto de CIE, a lo largo de 2017 se produjeron 8.645 salidas, de las que 5.358 fueron por puesta en libertad (61,98%) y 3.287 por repatriación forzosa (37,29%)”, indica el informe.

De hecho, en la segunda mitad de 2017, cuando aumentó considerablemente la entrada de personas argelinas y marroquíes, apenas se internó a la población subsahariana, posiblemente por el cálculo de probabilidad de eficacia de la medida. "¿De verdad tiene sentido infligir tanto sufrimiento inútil?”, se preguntan los jesuitas.

En su opinión, la respuesta a la llegada de inmigrantes irregulares por la frontera sur ha de pasar por centros de acogida abiertos orientados a la inserción social y no a la privación de libertad, cuya utilidad resulta además cuestionable.

ARCHIDONA, FRAUDE DE LEY

El informe denuncia que el Gobierno jamás debió utilizar la cárcel de Archidona como CIE, ya que ni la legislación española ni la europea lo permiten y su apertura fue "un fraude de ley". Ambas normas impiden abrir el “establecimiento penitenciario en Archidona como CIE ni siquiera para responder a una emergencia", indican los jesuitas.

El trabajo contiene un capítulo dedicado en exclusiva a dicho centro, que cuando se realizó la investigación aún no estaba en funcionamiento. Con todo, destaca que sus instalaciones presentaban "graves carencias de habitabilidad", y se hace eco de "la actuación violenta de miembros de la Unidad de Intervención de la Policía Nacional, quejas de internos que no recuperaron algunas pertenencias de valor en su traslado o puesta en libertad y de la muerte por suicidio de un interno”.

2017 fue un año plagado de autos judiciales cuestionando las condiciones de los CIE, indica la orden religiosa, para la que “es sumamente preocupante el modo como el Ministerio del Interior desoye los requerimientos del Poder Judicial en la garantía de derechos de las personas extranjeras internadas".