Igualmente exige la sustitución en la Ley de Dependencia del “concepto dinero de bolsillo” que, en su opinión, "esconde unos mínimos mensuales indignos que llevan a muchas personas con discapacidad a malvivir con menos de 300 euros al mes, para ser sustituido por un ingreso básico para la inclusión que sea resultado de la suma de pensiones y renta mínima o, en el caso de ser trabajador, salario mínimo interprofesional más renta mínima".

Plena Inclusión considera que las medidas que propone "vendrían a garantizar una vida digna y en comunidad y que sirvan como discriminación positiva para hacer frente a los sobrecostes que ya supone la discapacidad". Esta ONG ha calculado que para una familia con una persona con discapacidad moderada ascienden a 24.000 euros y que llega en las personas con más necesidades de apoyo hasta los 50.000 euros.

El Movimiento Asociativo Familiar Plena inclusión considera que la mayor inversión social posible es una política de apoyo a las familias que son, al fin y al cabo, el mayor prestador de apoyos y el dispositivo más eficaz de equilibrio y cohesión con el que cuenta una sociedad, tal y como están demostrando en esta larga crisis económica. Porque #CadaFamiliaImporta, como reza el lema del Año de las Familias de Plena inclusión.