Así lo afirmó durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados para presentar el 'Informe Anual de la Institución correspondiente a 2017', a partir de los 25.776 expedientes y 2.338 resoluciones que tramitó el año pasado.

Según explicó, consciente de que sus informes son “incómodos y arrojan jarros de agua fría” a “algunas actuaciones y determinadas políticas”, y van en la línea de los diagnósticos realizados por el Banco de España, la OCDE, la ONU y el FMI.

Reclamó una “política activa, decidida y mantenida en el tiempo de redistribución de la renta” porque “muchos ciudadanos viven pendientes de las ayudas del Estado y que necesitan esa ayuda”. “El ascensor social se dejó caer, y se vieron reducidos muchos derechos sociales a la vez que arreciaba la desigualdad”, recalcó, por lo que pidió que “el Estado tiene que responder”.

GRANDES TEMAS

El Defensor recordó que los tres grandes temas de los que se ocupan las quejas son violencia de género y brecha salarial, administración de justicia y Registro Civil.

Sobre el primero de los bloques, insistió: “Un maltratador nunca puede ser un buen padre y un huérfano debe encontrar en la sociedad española algunos mecanismos de protección”. También pidió impulsar medidas para la conciliación familiar.

Fernández Marugán, que destacó que recientemente se ha producido una huelga de jueces y fiscales, reclamó más medios personales y materiales porque “la justicia sigue siendo lenta” fruto de un “problema estructural sin vía de solución”. También denunció que, en relativo al Registro Civil, hay una ley “que sistemáticamente se pospone su aplicación”, provocando una situación de “provisionalidad” que provoca situaciones como que aún estén pendientes de resolución 400.000 expedientes de nacionalidad. “El registro civil no funciona”, es “un caso de desidia”, lamentó.

RECUPERACIÓN SOCIAL

Fernández Marugán apuntó a los impuestos como “el instrumento más sólido” para actuar ante las desigualdades en una sociedad “empobrecida y envejecida” y, sobre todo, “un programa de recuperación social para evitar que la brecha sea grande”.

“No se puede ignorar la desigualdad que ha generado la crisis”, añadió, que arroja datos como que el 10% de los más ricos acumulen el 53% de la riqueza. La recuperación es “frágil” y, en su opinión “no ha sido neutral”, pues aún quedan por recuperar 800.000 puestos de trabajo y han “desaparecido” derechos “ganados a pulso” por generaciones anteriores.

Tras el turno del Defensor, tomaron la palabra diferentes parlamentarios para la fijación de posiciones. En representación del Grupo Mixto, Feliu Joan Guillaumes i Rafols, casi 8.500 quejas más que el año anterior, muchas de ellas se produjeron en Cataluña, que pasó de las 1.425 a las 4.284 en 2017, principalmente “en materia de Interior” y dirigidas “al estado” por el “malestar que ha generado la represión posterior al 1 de octubre”. El diputado también reclamó soluciones para los 17.300 refugiados que debería acoger España, situación para la que la Generalitat ofrece 4.500 plazas.

Por el PNV intervino Joseba Andoni Agirretxea para apoyar que el Defensor “no haya sido neutral”, porque “con la injusticia no se puede ser neutral”, pero echó en falta que haya mirado “a más lados”, en referencia a una mayor “implicación” en asuntos como funcionamiento de las instituciones penitenciarias, en cuestiones de alejamiento de presos de ETA. “No es ninguna concesión a quien ha cometido un delito”, sino que “es cumplir la ley” porque “las familias no deben cumplir un doble castigo”, aseguró.

Xavier Eritja, de Esquerra Republicana, afeó al Defensor que no recurriese la denominada ‘Ley Mordaza’ ante la “cronificación e institucionalización de vulneración de derechos” que considera este grupo que se da en España. “En otoño en Cataluña no le vimos”, también le recriminó, en referencia a la ausencia de Fernández Marugán en el 1 de octubre, después de que el equivalente al defensor del pueblo catalán denunciase agresiones de los cuerpos policiales estatales y la situación penal de los líderes soberanistas.

INDEPENDENCIA

Rodrigo Gómez García, diputado por Ciudadanos, mostró su ironía por que el informe del Defensor tampoco mencionaba “la vulneración de derechos de la oposición por parte de la presidenta del Parlament catalán”. El parlamentario del equipo de Albert Rivera, que pidió una figura “independiente” en el puesto de Fernández Marugán, lamentó que no vaya a ser posible la renovación al frente del Defensor del Pueblo, porque la legislatura “se ha acabado”, pues “ha terminado el PP por sus casos de corrupción”.

En la misma línea se pronunció Ione Belarra, por el grupo Confederal de Unidos Podemos – En Comú – En Marea, que reclamó una “elección directa” de quien ocupe ese cargo. La diputada pidió al Defensor apoyo a los derechos de las mujeres para que no sufran agresiones sexuales y de los menores inmigrantes no acompañados, entre otros asuntos. “Este informe se podría titular ‘Mil y una razones para echar al Partido Popular’”, concluyó.

MOCIÓN DE CENSURA

Por el Grupo Socialista, la parlamentaria Dolores Galovart destacó la utilidad del Defensor del Pueblo “para la solución de los problemas en nuestro país” y afeó al Ejecutivo que ningún miembro del gobierno escuchase en el Hemiciclo la intervención de Fernández Marugán.

“Peor que ver la realidad oscura es no verla, y así nos va”, protestó. La diputada recordó que por los recortes el gasto social está “por debajo de la media europea” y que “la realidad está ahí en la calle y todos la conocemos”. “Por todo ello y porque la corrupción está saliendo hasta por las alcantarillas mañana presentaremos una moción de censura al PP”, añadió.

En representación del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, recordó a los socialistas que el informe del Defensor de 2010 recogió 35.000 “cuando el desastre estaba asomando a las puertas de España”, por lo que “no se puede decir con rigor que las cosas están peor”. A continuación, subrayó que un gran número de las solicitudes de asilo son ciudadanos venezolanos, que huyen del “yugo” del régimen chavista y que la economía española está ofreciendo “cifras de crecimiento”, con la creación de medio millón de empleos cada año. “Para repartir la riqueza primero hay que crearla. Por eso sorprende que algunos acusen al gobierno de hacer una política antisocial”, apostilló.