Según informó el Ministerio de Justicia, el titular de este departamento, Rafael Catalá, es quien ha llevado este texto legal al Gobierno para que le dé su visto bueno y lo remita al Congreso.

Justicia explicó que esta norma, que inicia ahora su tramitación parlamentaria, se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los secretos comerciales que proporciona un marco jurídico armonizado para toda la Unión Europea.

El departamento de Catalá se refirió a que “las empresas utilizan la confidencialidad como una herramienta de gestión de su competitividad e innovación con objeto de proteger información que abarca tanto conocimientos técnicos como datos relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado”.

“PRÁCTICAS DESLEALES”

Asimismo, Justicia indicó que “en un contexto globalizado como el actual, las compañías están cada vez más expuestas a prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de información a través del robo, la copia no autorizada, el espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad”.

Ello supone un desincentivo a la innovación y a la creatividad con efectos negativos para la inversión y la competitividad. En el proyecto de ley que se envía al Congreso se definen las conductas constitutivas de violación de secretos empresariales y también aquellas otras circunstancias en las que son consideradas lícitas las prácticas de obtención, utilización y revelación de información frente a las que no procederán las medidas de protección previstas en la norma propuesta.

Por otro lado, en esta iniciativa legislativa se aborda la vertiente patrimonial del secreto empresarial para establecer la potencial cotitularidad del secreto empresarial y su transmisibilidad en los casos en los que no exista acuerdo entre las partes, en particular si se acomete mediante licencia contractual.