En dicha adjudicación Azora se hizo con 32 promociones de viviendas del Ivima que estaban arrendadas o en alquiler con opción a compra por 211 millones de euros.

La sentencia corresponde a un procedimiento interpuesto por una mujer que accedió a una vivienda de protección oficial del Ivima en 2007.

Esta sentencia puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).