A través de un comunicado, los populares responden así a la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que considera probada la existencia de la ‘caja B’ de PP que se benefició de "un sistema de corrupción institucional”.

El PP manifiesta su respeto a los tribunales y sus resoluciones judiciales, pero, en este caso, remarca, “no comparte su contenido”. El partido que lidera Mariano Rajoy dice en este comunicado que “en ningún momento” la formación ha estado imputada ni procesada.

“Estamos hablando de una responsabilidad civil, que jurídicamente se conoce como ‘partícipe a título lucrativo’ y que implica obligatoriamente, según el artículo 122 del Código Penal, al desconocimiento de los hechos”, argumentan.

Citan el artículo 122 del Código Penal, según el cual “el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación”.

Asimismo, el PP reseña que a nivel nacional “no puede conocer los gastos extracontables en los que incurra algún candidato a título individual”, dado que “los hechos que se han juzgado se circunscriben a las elecciones municipales de 2003 en los Ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, dos localidades madrileñas de los más de 8.000 Ayuntamientos que hay en España”.

El PP asegura que “en ningún caso conocía los hechos” y alega que la figura de “partícipe a título lucrativo” en el proceso penal es de carácter civil y no penal, y obliga –en este caso- al PP a restituir los efectos del delito de terceras personas, en esta causa, los ex alcaldes de Pozuelo y Majadahonda.

El PP finaliza su comunicado enfatizando que “ha cumplido y cumple con su compromiso en la lucha contra la corrupción y ninguno de los condenados por este proceso está ya en el partido”. “Ningún miembro de la dirección actual o direcciones pasadas ha sido imputado en esta causa, y algunos acudieron al juicio como testigos, lo que acredita una absoluta falta de responsabilidad en los hechos juzgados”, zanja.