En la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, destacó que se trata de “un nuevo paso para facilitar los derechos de los consumidores, los medios de pago y garantizar la seguridad”.

Otra de las novedades que aportará esta normativa, que ahora debe ser analizada por el Consejo de Estado, es la reducción de 150 a 50 euros del máximo que debe afrontar el cliente por pagos realizados con tarjetas extraviadas o robadas. También reduce de dos meses a 15 días el plazo para resolver litigios vinculados con tarjetas de crédito.