En un comunicado, UPTA denunció la situación de “extrema fragilidad” de las condiciones contractuales por la que transitan estos trabajadores, que carecen de contrato registrado en el Servicio Público de Empleo (SEPE).

Además, apuntó la “incapacidad” para detectar con datos reales el número de los autónomos personas físicas que desarrollan en condiciones de exclusividad servicios a empresas.

Desde la organización señalaron que en la actualidad la Inspección de Trabajo y Seguridad Social queda fuera de este ámbito al ser los contratos de carácter civil y no laboral, y tan solo puede determinar el cumplimiento en materia de la adecuada inscripción a la Seguridad Social, sin poder entrar a definir otro tipo de relaciones contractuales.

UPTA solicitará la cooperación entre la Agencia Tributaria y la propia Seguridad Social para poder determinar en primera instancia quien emite una factura como profesional en condiciones de exclusividad y que empresa es la pagadora, a través del resumen anual IRPF, contrastando este dato con el alta generada en la Seguridad Social.