En un comunicado, ambas centrales sindicales señalan que al establecer la composición de dicho órgano el Gobierno ha excluido a las organizaciones sindicales más representativas, así como a las organizaciones empresariales, por lo que presentaron el recurso el pasado 3 de mayo.

Los sindicatos explican que la exposición de motivos del real decreto señala que “a través de la contratación pública socialmente responsable o la contratación pública estratégica de carácter social, las autoridades públicas pueden promover oportunidades de empleo, trabajos dignos, inclusión social, accesibilidad, diseño para todos, comercio justo, el cumplimiento de los derechos laborales y sociales de los trabajadores, la más amplia aplicación de las normas sociales, así como los compromisos voluntarios más exigentes en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas”.

Por ello, consideran “incomprensible que se margine de la comisión a los interlocutores sociales encargados constitucionalmente de la representación de buena parte de esos objetivos”.

En el mismo sentido, recuerdan que “los interlocutores sociales, como conformadores del diálogo social, reconocido en los tratados fundacionales de la Unión Europea y en los tratados de funcionamiento, tienen un papel esencial en órganos como la mencionada comisión interministerial”. Debido a esto, denuncian “que la composición establecida por el Gobierno en el real decreto mencionado vulnera el derecho español y europeo a la participación institucional de las organizaciones sindicales más representativas”.