VOX les atribuye la responsabilidad por la tramitación en el Pleno del Parlament de la modificación de la Ley de Presidencia de la Generalidad y del Gobierno de Cataluña que permitiría la investidura a distancia del expresidente de la Generalitat huido de la justicia en Alemania, Carles Puigdemont. El texto sometido al pleno fue finalmente aprobado el pasado día 4 de mayo.

La admisión a trámite de la ley incurre, según VOX, en esos delitos puesto que a pesar de las advertencias que les fueron notificadas por el Tribunal Constitucional a los querellados, mediante las medidas cautelares acordadas en un auto del citado tribunal frente a la posibilidad de investir a Puigdemont, éstos desobedecieron lo ordenado admitiendo a trámite la modificación ilegal.

Además, la norma contaba con el previo informe desfavorable del Comité de Garantía Estatutarias, así como de los letrados del Parlamento catalán. VOX entiende que esto hace todavía más grave la actitud prevaricadora y desobediente de los querellados en un “absoluto desprecio a la Constitución, al Estatuto de Cataluña y el reglamento del Parlamento catalán”.

La querella solicita con carácter urgente la detención, puesta a disposición judicial e ingreso preventivo en prisión, sin fianza de Roger Torrent, Costa, Campdepadrós y Vergés. También solicita, como medida cautelar, que se prohíba la celebración de cualquier acto, pleno, sesión o reunión que someta a votación y/o, en su caso, aprobación y ejecución de la citada ley, con remisión de los mandamientos necesarios al Presidente del Parlamento de Cataluña para el cumplimiento de dicha prohibición.

El presidente de VOX, Santiago Abascal, dio cuenta de la presentación de la querella a las puertas del Tribunal Supremo, donde hoy se celebra la vista de apelación de los recursos presentados por a expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y los exonsejeros Jordi Turull, Raul Romëva, Josep Rull y Dolores Bassa.

Según Abascal, la solicitud de detención de los querellados se hace porque, bajo su punto de vista, es el “único medio para evitar la reiteración delictiva” o incluso el riesgo de fuga ya demostrado en el caso de varios de los investigados por el Tribunal Supremo.

VOX ha explicado que está llevando adelante esta acusación popular con el apoyo de un grupo de abogados que están actuando de manera desinteresada y con la financiación de las aportaciones “modestas” de ciudadanos que permiten que este partido, dijo Abascal, “esté haciendo lo que deberían estar haciendo otras instituciones ante un golpe de Estado”.