Esa modificación permitiría la investidura a distancia del expresidente de la Generalitat huido de la justicia en Alemania, Carles Puigdemont. El texto sometido al Pleno fue finalmente aprobado el pasado 4 de mayo.

La admisión a trámite de la ley incurre, según VOX, en esos delitos puesto que a pesar de las advertencias que les fueron notificadas por el Tribunal Constitucional a los querellados, mediante las medidas cautelares acordadas en un auto del citado tribunal frente a la posibilidad de investir a Puigdemont, éstos desobedecieron lo ordenado, admitiendo a trámite la modificación ilegal.

Además, la norma contaba con el previo informe desfavorable del Comité de Garantía Estatutarias, así como de los letrados del Parlamento catalán. VOX entiende que esto hace todavía más grave la actitud "prevaricadora y desobediente" de los querellados en un “absoluto desprecio a la Constitución, al Estatuto de Cataluña y el Reglamento del Parlamento catalán”.

La querella solicita con carácter urgente la detención, puesta a disposición judicial e ingreso preventivo en prisión, sin fianza de Roger Torrent -presidente del Parlament-, Costa, Campdepadrós y Vergés. También solicita, como medida cautelar, que se prohíba la celebración de cualquier acto, pleno, sesión o reunión que someta a votación y/o, en su caso, aprobación y ejecución de la citada ley, con remisión de los mandamientos necesarios al presidente del Parlamento de Cataluña para el cumplimiento de dicha prohibición.