De acuerdo con las obligaciones impuestas a Telefónica derivadas de su posición como operador con poder significativo de mercado, la compañía tiene prohibido llevar a cabo prácticas anticompetitivas, como reducciones de precios contrarias a la regulación sectorial.

En enero de 2016, el Gobierno vasco adjudicó a Telefónica parte del contrato para la prestación de servicios de telecomunicaciones para diversos edificios de la Administración autonómica. Antes de esta adjudicación, Euskaltel denunció ante la CNMC que la oferta económica presentada por Telefónica en este concurso no era replicable por un hipotético operador de empresas atendiendo principalmente a las condiciones reguladas de los servicios mayoristas que los operadores contratan a Telefónica.

La CNMC ha concluido que la oferta económica presentada por Telefónica para parte de ese concurso no es replicable por un operador eficiente y generalista con red propia desplegada como Euskaltel. Es decir, que ese operador obtendría una rentabilidad negativa al prestar los servicios incluidos en la oferta de Telefónica mediante el uso de las ofertas mayoristas disponibles en el mercado.

Por tanto, Telefónica incurrió en lo que se denomina una práctica de “irreplicabilidad económica”, que está prohibida por las resoluciones de los mercados mayoristas de banda ancha y de líneas alquiladas terminales, según informó este miércoles el organismo supervisor en un comunicado.

La CNMC recuerda que Telefónica podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.