De esta manera, el Gobierno completaría la reforma del sector de la estiba que el año pasado generó conflicto en el sector, numerosas huelgas de los trabajadores de distintos puertos y una amenaza de multa de Europa por no cumplir la sentencia.

Este reglamento, que se articula como un real decreto, será enviado esta semana al Consejo de Estado, una vez cumplidos ya los trámites de consulta previa y la fase de alegaciones y tras haber sido remitido a todos los organismos preceptivos.

Según explicó Fomento, “la extensa tramitación del texto, con numerosos informes y consulta pública previa e información pública, asegura que sea una norma de consenso, conocida por todos los afectados, y que se adecúa al contenido de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

El real decreto crea un sistema de ayudas a los estibadores portuarios de mayor edad que cumplan con los requisitos establecidos en el mismo, dando cumplimiento además al mandato contenido en la propuesta de mediación tripartita en la que participó el Gobierno con sindicatos y empresarios del sector durante 2017.

Este sistema de ayudas contribuye, según el departamento de Íñigo de la Serna, al “tránsito ordenado” al nuevo marco definitivo que se instaurará al final del periodo transitorio de tres años que establecía el real decreto ley de 2017.

Desde Fomento se recordó que esta norma del año pasado daba el plazo de un año para la adaptación de los convenios colectivos en caso de que existiera alguna obligación restrictiva de la competencia y contraria a la sentencia.

Así, aclaró que la aprobación del real decreto ahora “no afectará a la vigencia ni al contenido de los convenios colectivos que están en vigor, toda vez que lo que el real decreto va a establecer es el régimen de concesión de ayudas para los trabajadores portuarios que abandonen la actividad”.