Así lo anunció el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que adoptó esta decisión ante la posibilidad de que el Parlamento de Cataluña tramite esta reforma legal para facilitar que Puigdemont pudiera ser investido presidente mientras permanece en Alemania, a la espera de ser extraditado a España bajo petición del Tribunal Supremo.

Méndez de Vigo recordó que el Tribunal Constitucional ya ha advertido en los últimos meses a los integrantes de la Mesa del Parlamento de Cataluña de las “responsabilidades” en las que pueden incurrir en este asunto y apuntó que “tenemos antecedentes de lo que supone la vulneración del orden constitucional”.

Por eso, pidió al presidente del Parlamento autonómico, Roger Torrent, y al resto de los partidos independentistas que no repitan “errores del pasado” y que sigan “lo que dice el sentido común”.

Garantizó que, si persisten en la reforma, el Ejecutivo central “utilizará todas las armas a su alcance para evitar” que Puigdemont u otra persona puedan ser investidas sin asistir al debate parlamentario correspondiente, lo cual sería “un fraude jurídico” y también “un fraude político”.

A su juicio, lo que pretende Junts per Catalunya es “es un puro disparate” y por ello instó a la Mesa del Parlament a que “no den pasos que no conducen a ningún lado” y tomen nota de lo que le sucedió a los anteriores integrantes en septiembre del año pasado como consecuencia de la aprobación de la llamada Ley de Desconexión para iniciar la secesión del resto de España.