Fuentes próximas a Conde-Pumpido aseguraron a Servimedia que la Fiscalía no ha emprendido ni tiene previsto adoptar ninguna medida directa contra Cubillas, puesto que considera que el cauce adecuado para hacerlo es a través de los escritos que ya han formulado los jueces de la Audiencia Eloy Velasco e Ismael Moreno.

El pasado mes de marzo, el juez Velasco dictó dos autos en los que vinculaba a Arturo Cubillas con ETA y emitía una orden internacional de búsqueda y captura por prestar ayuda a los terroristas de la banda con motivo de su estancia en Venezuela en el año 2008.

Cubillas, que ocupa un alto cargo en el Gobierno de Hugo Chávez, ha provocado un conflicto diplomático y judicial entre España y Venezuela. Pese a la orden de detención, Chávez ha asegurado que Cubillas no puede ser detenido ni entregado a otro país porque, al tener la doble nacionalidad española y venezolana, está protegido por la Constitución de aquel país.

Además, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, insistió esta semana en la misma línea con unas declaraciones en las que garantizaba que Cubillas no saldría del país. "De acuerdo con nuestra Carta Magna, una persona venezolana, ya sea por naturalización o por nacimiento, no puede ser extraditada", dijo.

Desde España, la Fiscalía General del Estado no ha querido responder, ni piensa hacerlo, porque considera que el asunto debe mantenerse dentro del campo judicial. Además, entiende que su papel debe centrarse en ese área, sin inmiscuirse en interpretaciones o valoraciones políticas como las que están llevando a cabo otros actores.

Las fuentes consultadas afirmaron a Servimedia que el papel que la Fiscalía tiene encomendado tampoco le permite emprender acciones directas hacia Venezuela, sino que siempre debe hacerlo a través de los jueces, a los que únicamente puede proponer o solicitar la adopción de determinadas medidas. En último caso, siempre son los magistrados los que deciden.

En este sentido, fuentes de la Audiencia Nacional aseguraron a Servimedia que esta próxima semana puede plantearse alguna petición desde la Fiscalía para que los jueces de instrucción profundicen en la supuesta colaboración de Venezuela con ETA y el posible papel que juega Arturo Cubillas.

PRESIÓN DE LA AUDIENCIA

Prueba de ello es que las mayores presiones para la entrega de Cubillas han llegado esta semana desde los jueces de la Audiencia Nacional. Su presidente, Ángel Juanes, declaró el miércoles en el Foro de la Nueva Sociedad que Venezuela debe “o juzgar o entregar” al etarra Arturo Cubillas y señaló que la cooperación judicial del país sudamericano es “totalmente mejorable”.

Aunque Venezuela se niega a ayudar en virtud de su Constitución, Juanes señaló que dentro de los acuerdos internacionales cabe la posibilidad de que Cubillas sea juzgado en el país sudamericano. Esta sería una solución si Venezuela se niega a entregar a Cubillas alegando que tiene nacionalidad venezolana.

El Gobierno de España no ha solicitado formalmente la extradición de Cubillas, ya que el proceso de reclamación se encuentra todavía en un estadio anterior. La única solicitud oficial cursada por las autoridades españolas es la detención internacional del etarra y hasta que no se produzca ese hipotético arresto no se podrán iniciar los trámites para pedir la extradición.

Cubillas y otros cinco etarras se encuentran en busca y captura por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, quien les procesó el pasado mes de marzo en la causa que investiga la colaboración entre ETA y las FARC colombianas en territorio venezolano.

Más recientemente, el juez Ismael Moreno denunció el papel desarrollado por Cubillas, que desempeña un cargo público en el Gobierno de Hugo Chávez, en el adiestramiento recibido en Venezuela por los etarras Xabier Atristain y Juan Carlos Besance, pero no pidió su busca y captura internacional.