El informe, de 662 páginas, ha sido editado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad, promovido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad y el Real Patronato sobre Discapacidad, la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Universidad de Extremadura.

Respecto a la tasa de actividad, se trata, según el informe, de un colectivo poco integrado en el mercado laboral, ya que dos de cada tres personas con discapacidad son inactivas laboralmente, 44 puntos porcentuales más que la población general.

El análisis de la contratación evidencia la precariedad de las condiciones del mercado laboral, donde la temporalidad se constituye como tendencia. En 2016 se realizaron 268.160 contratos a personas con discapacidad, ocupando a un total de 126.225 personas, lo que indica que cada persona fue contratada una media de 2,12 veces. Las mayores tasas de empleo corresponden a Madrid y País Vasco. Por el contrario, los datos más bajos se registran en Galicia y Extremadura.

El análisis de la tasa de paro evidencia de nuevo las distancias entre ambos grupos. Tan solo un tercio del colectivo es activo en términos laborales, es decir, 1.173.000 personas con discapacidad están fuera del mercado laboral.

JÓVENES

La tasa de paro de los jóvenes con discapacidad alcanza el 63,5%, es decir, más del 60% de los jóvenes con discapacidad se encuentran desempleados, poniendo de manifiesto la complejidad que define el binomio juventud y discapacidad para la integración laboral.

Por otro lado, indica el informe, el nivel formativo emerge como variable que contribuye a reducir las distancias con la población general, es decir, se constituye como una herramienta necesaria para favorecer la inserción laboral del colectivo. No obstante, la tasa de abandono escolar del colectivo se eleva hasta el 43,2%, superando a la población general en 18 puntos porcentuales.

PRESTACIONES

El informe agrega que actualmente se destinan 18.724.489 euros a pensiones de invalidez, lo que supone un 1,74% del PIB. Priman las prestaciones económicas de carácter periódico, especialmente las pensiones de incapacidad permanente, cuya prestación media se fija en 929,69 euros y afectan a 938.000 personas.

Navarra y el País Vasco encabezan las comunidades con las retribuciones más elevadas, mientras que Galicia y Murcia se constituyen como las comunidades con menores prestaciones.

La brecha de género es palpable también en este colectivo, en el que las mujeres exclusivamente representan el 35,21% y la cuantía de su prestación es inferior en 175 euros al mes.