En un documento remitido al ministerio piden, además, un sistema de apoyos flexible y adaptado a las características de cada persona para hacer efectivo este reconocimiento.

Según los expertos de ambas organizaciones, la legislación actual “responde a un modelo obsoleto que antepone la situación de discapacidad a la condición de ciudadanía de las personas y a cualquier otra consideración”. “Reconoce sólo situaciones de modificación jurídica de la capacidad para realizar determinados actos patrimoniales y personales”, apuntan.

A su juicio, el Código Civil en España dista mucho de cumplir los requisitos de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada hace 10 años, que defiende la plena capacidad de este colectivo y la necesidad de establecer una serie de apoyos para hacerla posible.

Desde ambas entidades se considera que el retraso que ha padecido la adaptación legal a lo suscrito por España “ha generado una situación de grave inseguridad jurídica", puesto que permite la convivencia de dos textos legales que responden a visiones de la discapacidad difícilmente armonizables.