Así lo recoge en el informe ‘G20: ¿líderes o rezagados? Una revisión de las promesas del G20 para acabar con las sociedades opacas', en el que analiza los avances de estos países industrializados y emergentes en su lucha contra el secretismo en la propiedad de las empresas.

España, país invitado dentro de este bloque, cuenta con un marco legal “muy fuerte” para hacer frente a estas compañías, que se constituyen en herramientas para llevar adelante “negocios corruptos”, señala el informe.

En el texto se explican las razones por las que España logra una “buena evaluación”. En primer lugar, existe un registro de titularidad real de las empresas, que las autoridades pueden consultar de forma abierta y que se encuentra alineado con las regulaciones de la Unión Europea.

En este sentido, cuando hay una actividad sospechosa, los notarios pueden verificar esa información. El estudio asegura que esta actividad solo es posible en España, Argentina e Italia.

Además de eso, agrega la organización, los bancos están obligados a ofrecer datos sobre los titulares de las cuentas, incluso si se conoce que son beneficiarios finales de alguna empresa.

Transparencia Internacional indica que España comparte ese resultado positivo con Francia, Italia y el Reino Unido, si bien el informe destaca que “aún queda camino por recorrer”.

Por ejemplo, España no cuenta con un registro de fideicomisos, tal como lo exige la Cuarta Directiva Europea contra el Blanqueo de Capitales. Otro aspecto mejorable es que se elaboraron evaluaciones sobre los riesgos de lavado de dinero, pero no se publicaron los resultados.