En el citado informe se ponen de manifiesto diversas irregularidades, entre las que destacan las adjudicaciones de contratos al margen de los criterios establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público.

También se detalla el abono de unos 90 millones de euros por la urbanización y construcciones de edificios, de los cuales sólo hay uno concluido que, no obstante, no puede ser utilizado. Además existen diversas irregularidades contables y en materia de contratación de personal.

Según una nota de prensa hecha pública este viernes por la Fiscalía General del Estado, los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y/o malversación de caudales públicos, por lo que la denuncia se ha remitido a la Fiscalía Especial Anticorrupción, a fin de que inicie una investigación penal sobre estos hechos.