Garrido dijo que debe ser la Fiscalía la que decida si hay indicios de criminalidad y, en su caso, si lo remite al juzgado y manifestó que en ese momento desde el Gobierno regional "se valorará personarse como acusación particular, como ha hecho en el 'caso Púnica'".

Aseguró que "la posibilidad de que la Comunidad pudiera estar ahí para recuperar el presunto dinero dañado a las arcas públicas siempre estaría presente, una vez que la Fiscalía determine qué es lo que corresponde hacer".

Por su parte, los diputados de la oposición Susana Solís (Ciudadanos), Mercedes Gallizo (PSOE) y Eduardo Gutiérrez (Podemos) afirmaron que desconocían esta iniciativa y destacaron que “después de dos años denunciando” en la comisión de investigación sobre la deuda “tantas irregularidades” en el proyecto del Campus de la Justicia, “ahora se deciden”.

Gallizo calificó de “sorprendente” que “después de tantos años de no decir nada” ahora “actúan”, mientras que Gutiérrez advirtió de que “todo puede ser una cortina de humo o sencillamente un ajuste de cuentas entre familias del PP”. Estos diputados destacaron que “en el PP solo se mueven cuando hemos denunciado”.