La investigación se centra en la actividad de la empresa Defex S.A, con participación pública y dedicada a la exportación de material de seguridad y defensa. La Fiscalía considera que de la investigación se desprenden serios indicios de delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos fiscales, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal.

La empresa dirigida por José Ignacio Encinas y Ángel Larumbe fue cerrada por el Gobierno tras conocerse las irregularidades fruto de más de seis años de investigación policial. Ambos, habían urdido una trama de sociedades y testaferros ubicados en Ginebra y Sinsgapur, a través de la cual habrían escamoteado más de dos millones de euros.

El coronel en la reserva Encinas dirigió la compañía desde 1991 y hasta su detención en 2014. Se le calcula una fortuna superior a los ocho millones de euros de los que uno, al menos, provendría, según la investigación, del contrato de venta de armas a Angola que se suscribió por 152 millones de euros.