En concreto, en la comunicación se solicita por un lado a la Comisión Europea que, a través del órgano que corresponda, determine si la transposición de las previsiones comunitarias sobre el tratamiento penal del terrorismo es correcta en el Estado español.

Por otra parte, se pide conocer si la petición de la Fiscalía en el 'caso Alsasua' de entre 12 y 62 años de prisión es compatible con las previsiones del artículo 49.3 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, según el cual “la intensidad de las penas no debería ser desproporcionada en relación con la infracción”.

La información ha sido trasladada también al vicepresidente de la Comisión Europea y a la Dirección General de Seguridad y de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género de la Comisión Europea. Por otro lado, se ha informado del caso también al Comité de las Regiones y al Defensor del Pueblo.