El Gobierno sostiene que la firma de este acuerdo contribuirá a la preservación de los intereses de España en sus relaciones internacionales, ya que estas exigen a veces el intercambio de información que, por afectar a la seguridad o a los intereses nacionales, debe ostentar un grado de clasificación y estar sometida a procesos especiales de utilización y manejo para preservar esa integridad.