Según informó la Policía, los arrestos se han producido en Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Navarra, Sevilla, Toledo y Valencia.

En la operación se han investigado 32 expedientes que afectaban a diferentes empresas y como consecuencia fueron investigadas 43 personas como presuntas responsables de delitos contra la Seguridad Social, fraude de prestaciones, falsedades documentales, frustración a la ejecución, estafa, blanqueo de capitales y malversación.

Las investigaciones comenzaron a finales del año 2016, cuando fueron remitidos distintos escritos denuncia por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional, junto con la diversa documentación solicitada por esta unidad policial.

CESIÓN DE TRABAJADORES

Los implicados han resultado ser principalmente los responsables de las empresas, pero también sus testaferros, algunos de ellos trabajadores que figuraban en connivencia o familiares de los primeros.

Los detenidos están acusados de usar distintos procedimientos para eludir el pago de las contribuciones a la Seguridad Social. Entre estos métodos figura la creación sucesiva de sociedades mercantiles a las que se va transfiriendo la actividad que venía desarrollando la deudora, así como los elementos patrimoniales de aquella.

En otras ocasiones, creaban una empresa principal que ostentaba el patrimonio junto a otras -descapitalizadas- que complementan la actividad de aquella. El fin último era defraudar, ya que ambas sociedades actuaban en la práctica como una sola, de forma que se cedían trabajadores, compartían facturación, etc.