Así aparece en las recomendaciones públicas del Comité DESC sobre el grado de cumplimiento de España respecto del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un instrumento internacional ratificado por el Estado español hace 41 años.

Amnistía internacional (AI) difundió este martes esas recomendaciones, a las que ha tenido acceso. “Es una buena noticia que Naciones Unidas le pida a España que asegure que las medidas de austeridad respeten los derechos humanos, así como que exija que se haga una evaluación exhaustiva de sus efectos sobre las personas y se evalúe la posibilidad de concluir estas medidas”, apuntó Marta Mendiola, responsable del trabajo sobre estos derechos en AI y que estuvo recientemente en Ginebra (Suiza) durante el periodo de examen a España por parte del Comité DESC.

Mendiola indicó que la protección jurídica de los derechos a la vivienda y a la salud en España es “menor que la que tienen los derechos civiles y políticos, empezando por la Constitución, lo que ha dejado a los derechos sociales a la intemperie de la batería de medidas de austeridad aplicadas durante las últimas legislaturas”.

“El Gobierno español insiste en que la recesión está superada, pero las medidas de austeridad persisten y, con ello, persisten las dificultades para acceder a estos derechos de una parte importante de la población”, añadió.

Respecto al derecho a la vivienda, Naciones Unidas expresa su preocupación por el insuficiente porcentaje de vivienda social en España (que no supera el 2% del total), los precios excesivos y la falta de protección adecuada de los derechos de las personas inquilinas con respecto a las propietarias en el mercado de alquiler.

DESALOJOS

En relación con los desalojos, el Comité DESC destaca que falta un marco legislativo que establezca requisitos y procedimientos adecuados para llevarlos a cabo y que incorpore, entre otros, los principios de razonabilidad y proporcionalidad, asegurando que las personas afectadas tengan acceso a vivienda alternativa.

El Comité DESC reclama a España que asegure una coordinación adecuada entre los tribunales y los servicios sociales locales para brindar una protección adecuada a las personas que puedan quedarse sin hogar como resultado de un desalojo.

Por otro lado, la ONU exige la universidad del derecho a la salud, menoscabado en los últimos seis años tras la entrada en vigor de un Real Decreto Ley de 2012, y destaca que falta una evaluación sobre el impacto que ha tenido la aplicación de esa norma en el disfrute del derecho del más alto nivel posible de salud, al tiempo que pide llevar a cabo las reformas necesarias para garantizar la disponibilidad, la accesibilidad, la asequibilidad, la aceptabilidad y la calidad de los servicios y la atención de salud.

En relación con la responsabilidad de las empresas ante la vulneración de derechos humanos, Mendiola recalcó que “Naciones Unidas resalta la existencia de lagunas legales en España que no garantizan el cumplimiento de la obligación de debida diligencia y recuerda que las empresas deben identificar, prevenir y mitigar los riesgos de violaciones de derechos humanos”.