Según informaron a Servimedia fuentes comunitarias, la Comisión tendrá que analizar si la citada normativa, que el Gobierno aprobó la pasada primavera, supone un obstáculo para la libertad de circulación de bienes, personas y capitales.

La citada enmienda elimina las limitaciones de los derechos de voto en los Consejos de de Administración de las empresas cotizadas.

Una vez que Bruselas inicie su análisis podrá pedir explicaciones al Gobierno español, que dispondrá de un plazo de tres meses para motivar la aprobación de esta norma. Si estas explicaciones no le bastan al ejecutivo comunitario, y tras un careo con las autoridades españolas, el caso podría ir a parar al Tribunal de Luxemburgo.

Todo parte de la denuncia presentada por Iberdrola ante la Comisaría de Mercado Interior y Servicios de la Unión Europea (que dirige el francés Michel Barnier), en contra de la citada enmienda.

La constructora ACS ostenta una participación del 12,3% en el Consejo de Administración de la eléctrica. Sin embargo, los estatutos de Iberdrola limitan al 10% el poder de voto de cada accionista.

Cuando, en junio de 2011, entre en vigor la citada enmienda (según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado), la compañía que preside Florentino Pérez ganaría peso en el órgano gestor de la compañía energética, más todavía si, como pretende, logra aumentar su participación hasta el 20%.

De este modo, la denuncia de Iberdrola pretende que Bruselas compruebe si dicha modificación es compatible con el Tratado de la Unión Europea y si vulnera la competencia (teniendo en cuenta que Iberdrola contempla a ACS como a un "competidor directo").

La citada enmienda afectaría, además de a Iberdrola y a ACS, a otras compañías españolas; entre ellas, a la petrolera Repsol.