En la iniciativa parlamentaria se insta al Consejo de Gobierno que preside Cristina Cifuentes a asignar a la Agencia Madrileña de Atención Social todas las residencias de gestión indirecta que en la actualidad están bajo la competencia de la Dirección General del Mayor y Dependencia de la Consejería de Políticas Sociales y Familia.

También se propone elaborar una normativa que declare de obligada inclusión en pliegos y contratos las cláusulas sociales previstas en la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Asimismo, se plantea incluir en pliegos y contratos, cláusulas que garanticen las condiciones más favorables para los trabajadores y trabajadoras de acuerdo al convenio en vigor, ya sea estatal, regional o de empresa, con el fin de garantizar la calidad del servicio, así como la protección a los usuarios y trabajadores del mismo, asegurando la continuidad de los derechos económicos y salariales del personal afectado por el pliego o contrato.

Chamorro explicó que el objetivo de este punto es “evitar que las empresas privadas, en vez de aplicar los convenios de rama, echen mano de las reformas laborales del PP y de los bajos sueldos para obtener más beneficios y dar menos calidad”.